Rajoy se resiste a limitar su presidencia a 8 años tal y como acordó con Ciudadanos



El PP está dispuesto a desvincular el acuerdo suscrito con Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy del funcionamiento interno del partido. Así, a dos meses de que se aprueben los Estatutos que habrán de regir la vida de la formación en los próximos años, los populares se declaran contrarios a incorporar algunas de las premisas que condicionaron el acuerdo con Rivera, como es el caso de la limitación de mandatos a ocho años.

Fuentes de la dirección consultadas por este diario son concluyentes al declararse poco o nada partidarias de que el reglamento interno, que se debatirá en el congreso que el partido celebrará el próximo febrero, recoja este punto, fijado por Rivera como una de las pre-condiciones para negociar la investidura del candidato del PP.

El texto firmado entonces obliga al Gobierno a “establecer el compromiso de que quien haya ostentado durante ocho años consecutivos el cargo de Presidente del Gobierno no opte a la reelección” y se añade que “en el seno del Pacto de Estado por la Regeneración y la Calidad de la Democracia, se procurarán las fórmulas precisas para regular este compromiso”. Esa limitación de mandatos es, para los de Rivera, una de sus piedras angulares de higiene democrática. Una exigencia que ya fue incluida en el acuerdo que Rivera firmó con Pedro Sánchez para la investidura fallida del entonces secretario general del PSOE.

Pese a que el acuerdo únicamente es vinculante en el caso de la Presidencia, el hecho de que los reglamentos internos del partido de Gobierno no lo recoja resulta en cierto modo paradójico. En medios del PP insisten en separarse de lo que consideran un acuerdo firmado solo para gobernar, y ello implica que descarten que, de forma obligatoria, los Estatutos recojan que el mandato político, sea del nivel que sea, expire pasado este tiempo. En este sentido, consideran que la limitación habrá de venir condicionada por otras cuestiones, como el balance de la gestión, y no por un mero límite temporal.

No obstante, algunas fuentes sí se reconocen partidarias de renovar los liderazgos y admiten también que para la política no es positivo “estar más de dos o tres legislaturas” en un puesto de mando. En este sentido, destacan, la limitación de mandatos es una norma “no escrita” en el partido que se cumple en la mayoría de los casos. Al igual que en la presidencia. Ya ocurrió con Aznar, o con Zapatero. Ninguno estuvo más de ocho años al frente del Ejecutivo.

Mariano Rajoy no se ha pronunciado sobre este asunto. Es más, en su núcleo duro se considera que el presidente goza de músculo suficiente para continuar más allá de las dos legislaturas. Y como ejemplo se menciona el de algunos líderes europeos, como la canciller Angela Merkel, que ha anunciado su intención de optar a un cuarto mandato en 2017.

Lo que está claro es que la cuestión sucesoria no es algo que esté en este momento sobre la mesa del PP. En fuentes populares se admite que, pese a la lógica incertidumbre parlamentaria-es precisamente ahora cuando Rajoy puede aprovechar para consolidar sus políticas de los últimos años. Afianzado por la recuperación económica y la confianza de los socios internacionales, sostienen, el presidente está decidido a apuntalar sus grandes reformas, que la oposición insiste en derogar.

Rajoy se presentará como candidato único en el cónclave de febrero, en el que la única sorpresa será la continuidad o no de María Dolores de Cospedal al frente del partido. Y, entre tanto, confía en agotar los tiempos de la actual legislatura. Admite, no obstante, sus dificultades para pronosticar si eso significan cuatro años. O menos. En este tiempo, lo vital para el presidente del Gobierno son cuatro asuntos: las pensiones, la violencia de género, el Pacto Educativo, y el sistema de financiación autonómica.

La cuestión de los mandatos no es la única que genera recelos en el partido. También el momento en que un cargo imputado debe ser expulsado. Previsiblemente, los nuevos Estatutos no incorporarán tampoco la exigencia de Ciudadanos de que ese momento sea la imputación misma, y no la apertura de juicio oral, como defienden los actuales reglamentos y que el PP está decidido a mantener.



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