Continúa la exclusión y las amenazas a los guardias civiles y sus familiares agredidos en Alsasua

Continúa la exclusión y las amenazas a los guardias civiles y sus familiares agredidos en Alsasua



Los padres de María José, novia de uno de los guardias civiles agredidos en Alsasua, denuncian “el continuo asedio” por parte de algunos de los vecinos del pueblo. La situación para la familia, de acuerdo al texto presentado ante el juzgado de instrucción número 3 de Madrid, se ha vuelto “insoportable” debido a la “presión”: “Temen por su integridad física”, detalla el documento, que se incorpora al procedimiento abierto por la causa.

Los padres de María José, naturales de Ecuador, llevan dos años instalados en la localidad navarra de Alsasua, un pueblo de unos 7.000 habitantes en el que es fácil conocer la identidad de los vecinos. Según el testimonio, su vida cotidiana comenzó a torcerse cuando su hija empezó a salir con el guardia civil: “Esta situación es insoportable debido a la presión de numerosas personas que se cruzan a lo largo del día, las cuales realizan miradas desafiantes y amenazadoras por ser los padres de María José”.

Esta realidad se hizo todavía más patente tras la agresión del pasado 15 de octubre, cuando un grupo de jóvenes golpeó a dos guardias civiles acompañados de sus novias en el bar Koxka de este mismo pueblo: “Temen muchas veces por su integridad física y restringen al máximo sus salidas a la población”. El documento explica que esta situación, además, “les está afectando a la salud”: “Están padeciendo nerviosismo y ansiedad”.

María José, nacida en Ecuador, se trasladó con su familia a Navarra cuando apenas tenía tres años. Ahora ha tenido que abandonar Alsasua por la presión que ha sufrido tras imponer una denuncia por la agresión del bar Koxka. “Se ha tenido que mudar provisionalmente a otra ciudad para hacer vida normal y cursar sus estudios”, refleja el escrito.

Sus padres, no obstante, han optado por seguir su vida en el pueblo, donde regentan un bar. El “asedio” que denuncian se ha trasladado hasta las mismas puertas del establecimiento. El entorno abertzale ha colocado en este lugar dos carteles que rezan: “Utzi bakean Euskal Herria, atxilotu gehiagorik ez” [“Dejad en paz a Euskal Herria, no más presos”, en euskera]. “Desde ese día han perdido muchos clientes y las consiguientes pérdidas económicas que ello genera”, lamentan.

La presencia de los carteles no se limita a las puertas del bar. También los hay frente al domicilio en el que vive el matrimonio: “Utzi bakean Altsasu, atxilotuak askatu, errepresorik ez” [“Dejad en paz a Alsasua, libertad a los presos, no más represión”].

En esta misma línea de presión, la familia de la joven se ha encontrado con su coche rallado y con una máquina expendedora de bolas de su bar forzada. También con malos gestos de algunos de sus vecinos: “Unos días atrás, una mujer se interpuso en la acera para que no pasaran, teniendo que apartarse a la calzada”.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela procesó por un delito de terrorismo a nueve de los detenidos por la agresión en el bar Koxka. “Al sargento torturador hay que matarlo”, esgrimieron los asaltantes.

Durante esos días, vecinos de Alsasua se manifestaron en protesta por el encarcelamiento y procesamiento de los nueve jóvenes. “La voluntad [del Gobierno] es estar presente apoyando al pueblo de Alsasua”, afirmó la portavoz del Ejecutivo foral, María Solana. Según sus explicaciones, el Gobierno presidido por Uxue Barkos discrepaba de la decisión adoptada desde la Audiencia Nacional.

Miles de personas recorrieron las calles de Alsasua el 26 de noviembre. Entre ellas figuraban María Solana, portavoz del Gobierno de Navarra; Ainhoa Aznárez, de Podemos, en calidad de presidenta del Parlamento foral; y los portavoces parlamentarios Adolfo Araiz (EH Bildu), Koldo Martínez (Geroa Bai) y Laura Pérez (Podemos). También asistieron el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), el senador de Izquierda-Ezkerra, Iñaki Bernal, y el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero.

En el acto, un grupo de vecinos leyó un comunicado en el que, además de señalar que los acontecimientos del bar Koxka “nunca debieron ocurrir”, cargaron contra la decisión adoptada por la Audiencia Nacional y expresaron su “preocupación” por los nueve procesados: “Pedimos su inmediata puesta en libertad”.




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