El TC tumbará hoy el denominado ‘procés’ secesionista de la Generalitat



La reforma exprés que aprobó el Gobierno del PP en octubre de 2015, a punto de concluir la legislatura, con el fin de dotar al Tribunal Constitucional de mecanismos suficientes para hacer frente al desafío sobernanista catalán quedará previsiblemente bendecida en su integridad esta misma semana por el pleno del TC, que comienza este martes una de sus últimas reuniones en su actual composición.

Antes de que el próximo día 29 termine el mandato del presidente, Francisco Pérez de los Cobos, de la vicepresidenta, Adela Asúa, y del magistrado Ricardo Enríquez (que continuarán en sus puestos hasta que se produzca la renovación de la institución), el TC quiere solventar las sospechas de inconstitucionalidad que han pesado sobre una modificación legal que fue aprobada por el trámite de urgencia con el solo apoyo del PP.

La reforma establece que, en caso de que el TC advierta que una de sus resoluciones está siendo incumplida, el tribunal -a petición de parte o incluso de oficio- requerirá un informe a las instituciones o autoridades concernidas.

Recibido el informe, si el tribunal apreciase el incumplimiento total o parcial de su resolución puede decidir imponer multas de 3.000 a 30.000 euros, pudiendo reiterarlas “hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado”, señala la norma.

También puede suspender en sus funciones de las autoridades o funcionarios responsables del incumplimiento “durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del tribunal”; requerir la colaboración del Gobierno de España a fin de que, en los términos fijados por el tribunal, adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones; y comunicar lo ocurrido a los órganos del Poder Judicial para que exijan responsabilidades penales.

Esta última medida ya ha sido puesta en marcha en el caso de la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, sometida a un proceso penal ante el Tribunal Superior de Cataluña por permitir la votación de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente pese a la expresa prohibición del Constitucional.

La suspensión de las autoridades incumplidoras y la ejecución sustitutoria por el Gobierno fueron avaladas por el TC el pasado 3 de noviembre al desestimar el recurso interpuesto por el Gobierno vasco. Por 8 votos frente a 3, el tribunal concluyó que esas medidas son “instrumentos o potestades puestos a disposición del TC por el legislador para garantizar el debido y efectivo cumplimiento de sus sentencias y demás resoluciones, al que están obligados todos los poderes públicos, incluidas las Cámaras legislativas”.

En el recurso del Gobierno vasco, sin embargo, no se cuestionó la imposición de multas, que sí se incluyeron en el recurso del Gobierno catalán.

La ponencia presentada al pleno del TC por el magistrado Pedro González Trevijano, incluida en el orden del día de la reunión que empieza este martes, propone la desestimación del recurso de la Generalitat. Considera que las multas no tienen carácter sancionador sino coercitivo y no aspiran a castigar a las autoridades que incumplan las resoluciones del Constitucional sino a asegurar que el tribunal tiene la “potestad necesaria para garantizar la supremacía de la Constitución”.

Dado el precedente de la sentencia sobre el recurso del Gobierno del País Vasco, se da por seguro que el TC dará un apoyo mayoritario a la propuesta de González Trevijano.